Servicio Público del Estado

Con la llegada de la revolución castrista, se produjeron profundos cambios en las estructuras centrales de gobierno, y en especial en todo el orden social establecido hasta la fecha, donde el ejercicio de la abogacía forma un aparte esencial en cualquier estado de derecho, lo que trajo como consecuencia la radicalización de las posiciones en el seno de la sociedad cubana y consecuencialmente una nueva forma de organización, funcionamiento y reconocimiento del papel social del abogado.

Un primer paso fue la aprobatoria de un nuevo Estatuto del colegio de Abogados de La Habana, esta reglamentación (1962) derogaba la que había estado vigente (1949) y radicalizaba las posiciones desde el punto de vista político.

El 21 de diciembre de 1964, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de La Habana propuso al Ministro de Justicia la creación de una agrupación de abogados que se denominaría BUFETES COLECTIVOS y que debía funcionar conforme a bases propuestas por la propia Junta. El principal objetivo de esta propuesta, consistía en la creación de una opción popular, de acceso a la justicia sobre la base a tarifas de cobros sustancialmente disminuidas con relación a las que se pagaban a los que privadamente ejercían la profesión. La disminución de los costos de los servicios a la población fue una de las piedras angulares de la Revolución.

No es sino hasta el año 1965, que el Ministro de Justicia, por Resolución No. 18 (22.09.1965) que se aprobó la creación del primer Bufete Colectivo, que estaría sujeto a la jurisdicción del Colegio de La Habana, bajo la orientación y supervisión del Ministro.

Posteriormente, es eliminada la figura de la Colegiatura Profesional en la Barra de Abogados, y se establece por un acto del Consejo de Ministros del Gobierno Revolucionario en fecha 25 de abril de 1966 la Ley No. 1189, mediante la cual se dispuso la inscripción de los abogados en el Registro del Ministerio de Justicia, como requisito para el ejercicio profesional.

El primer paso para la eliminación de la abogacía como ejercicio privado, fue el establecimiento del Bufete Colectivo, que se transformó en una dependencia más del Ministerio de justicia, lo que afilió esta forma de ejercer la profesión a lo que se conoce internacionalmente como Abogacía de Estado.
Hasta el año 1974 coexistieron en el país ambas modalidades de ejercicio profesional: de una parte los abogados que se desempeñaban privadamente y de la otra los Bufetes Colectivos del ministerio de Justicia, con tarifas de cobro de los servicios sustancialmente inferiores.

En el año 1973, se da el “proceso de institucionalización” y el Consejo de Ministros dicta la ley 1250 “Ley de Organización del Sistema Judicial”, y se eliminó en Cuba el ejercicio privado de la abogacía e hizo nacer una nueva y peculiar institución en el sistema de justicia del país, que si bien conservando el nombre de BUFETES COLECTIVOS, contaría ahora con una concepción organizativa y estructural diferente.

La nueva Organización era definida por la Ley como una ” institución autónoma nacional, de interés social”, regida por un Reglamento interno, el que debía ser aprobado por el Tribunal Supremo, se establecieron los requisitos generales para poder pertenecer a los Bufetes Colectivos, función que era incompatible con el desempeño de otras responsabilidades judiciales, fiscales o de cargos públicos que implicaran autoridad, esta regulación estuvo vigente durante esta década y los primeros años de la década de los 80.

El 8 de junio de 1984, el Consejo de Estado promulgó el Decreto Ley No. 81 ” Sobre el ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Con este Decreto Ley nace una nueva Organización para la abogacía cubana, que se denominó Organización Nacional de Bufetes Colectivos que se definió en su artículo 5 como ” entidad autónoma nacional de interés social y carácter profesional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por juristas”.

Ahora bien, bajo este orden de ideas, nos encontramos con la figura de la Consultoría Jurídica Internacional, una entidad constituida al amparo del Decreto Ley Nº 77, de 20 de enero de 1984, sobre las sociedades civiles de servicio, en virtud de la Escritura Pública número 175, inscrita en el Registro Central de Compañías Anónimas en el libro 161, folio 110, hoja 1642, sección segunda, primera inscripción, y en el Registro Mercantil Segundo de La Habana en el libro 669, folio 110, hoja 6723, inscripción primera, según resulta de la escritura fundacional y de la certificación registral correspondiente, expedida el 12 de mayo de 1995.

Su Misión es Brindar servicios legales a personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras radicadas en Cuba y en el exterior, referido a asistencia y representación ante Organismos del Estado, Tribunales, Fiscalía, de Trámites Migratorios, por incumplimiento de obligaciones, en general todo tipo de servicios de naturaleza jurídica.

Su Visión es Ser empresa líder en el mercado nacional, caracterizada por la especialización, calidad e integralidad de los servicios que brinda, así como la formación, profesionalidad, talento y experiencia del personal legal que en ella labora que permite situar a la institución de forma competitiva en el mercado internacional, siendo distinguida y reconocida por la eficiencia y eficacia de su desempeño en función de la plena satisfacción de los clientes.

Las tarifas ofrecidas por la Consultoría Jurídica Internacional, por sus servicios en CUC, bajo la construcción del Estado Socialista y sin la existencia del ejercicio privado de la abogacía, son costos exorbitantes e inaccesibles para un trabajador con un salario promedio.

En este punto ya el lector debe estar preguntándose sobre la clasificación de las formas de actividad administrativa en Cuba, pero para ilustrar mejor la situación debemos señalar que desde las primeras formulaciones teóricas del estado moderno la relación de la Administración con la sociedad o con los particulares, se dirigían a limitar el ámbito de libertad inicial de las personas y empresas o más bien a ampliar o apoyar ese ámbito ya sea con estímulos, ya sea proveyendo prestaciones a favor de los particulares, etc. Esas clasificaciones nos aportaban así una inicial clave interpretativa que podía ser decisiva para saber determinar el alcance de las potestades de la Administración, así como las técnicas que la misma suele emplear en cada tipo de actividad.

Las distintas formas de la actividad administrativa, baste ahora con decir que en la más tradicional aproximación se distinguía entre la actividad de policía, la de fomento y la de servicio público.

Esa clasificación tripartita fue luego ampliada por la constatación de nuevas formas de actuación administrativa como, por ejemplo, la actividad de planificación, la empresarial, arbitral, etc.

En realidad todas esas formas respondían a la idea de un Estado interventor, prestador o planificador.
Pero hoy ha surgido un nuevo tipo de Estado que sin renunciar a todos esos calificativos, añade el de “Estado garantizador” o Estado garante, para significar que lo importante no es tanto que sea el mismo Estado quien intervenga, preste o planifique como que sea el garante de que esas funciones se hagan, incluso aunque sea por los particulares, situación que no es la del Estado Cubano.

Con respecto a la actividad de policía, la ciencia de la policía de los siglos XVII o XVIII ligaban ese término al concepto de “polis” en sentido griego; es decir, a lo que tiene que ver con la ciudad o la cosa pública en general, pues en Grecia la “polis” era la organización política superior por encima de la cual no hay ninguna otra.

Vinculaba la policía con todo lo que tiene que ver con el orden interior en un sentido amplio y no sólo como el “orden público” interior, sino más bien con los conocimientos y habilidades necesarias para gobernar con la idea de procurar la felicidad de los “súbditos”, como entonces se decía, en todos los campos. El rasgo común es la idea de imposición. Por tanto también la idea de limitación.

Pues se trataba de limitar –por causas justificadas– la libertad natural.

Esas limitaciones a las libertades de los ciudadanos para conseguir determinados objetivos es lo propio del estado policía. Limitaciones a las libertades en un sentido amplio en cuanto no se pueden hacer cosas, fabricar productos o prestar servicios, como uno quiera, sino que por razones (en este caso la transición al Socialismo) determinadas normas que constituyen así una limitación a la libertad de hacer cosas, desarrollar actividades o prestar servicios como a cada uno se le ocurra.

La segunda forma de actuar de la Administración es la del servicio público ha constituido durante mucho tiempo un tipo de actividad esencial de las Administraciones públicas. Lo característico de la misma consiste en que la propia Administración se encarga de prestar servicios a los particulares.

Consiste en prestarles servicios en el sentido más estricto. El servicio de transporte; el servicio de suministro de gas, electricidad, recogida de basuras, correos, teléfonos, etc., la actividad de servicios que consiste en una actividad prestacional cuyo contenido consiste precisamente en la recepción por los ciudadanos de servicios que reciben de la Administración. Ni intervención o policía ni fomento, sino puesta a disposición de la posibilidad de beneficiarse de un servicio.

Debemos concluir que en el Estado Cubano, el ejercicio profesional en este caso de la abogacía está restringido (estado policía) y es prestado solo por las organizaciones que el Estado establece (servicio público), el ejercicio de poder representarse en sus derechos y obligaciones por medio de un abogado, solo puede hacerse, por medio de los abogados establecidos para ello por Estado. Con tarifas justas y accesibles a todos.

Ahora bien, otro punto importante es la facultad del Estado para crear tributos, tasas o impuestos, esta facultad que tiene el Estado de crear unilateralmente tributos, cuyo pago sea exigido a las personas sometidas a su competencia tributaria especial siendo su destino la de cubrir las erogaciones que implica el atender necesidades públicas, las misma al ser inherente o connatural al estado, debe emanar de la norma suprema y ejercida por el poder legislativo, para poder imponer contribuciones mediante la ley.

Esta fuerza que emana de la propia soberanía del estado, que faculta que puede ser ejercida discrecionalmente por el poder público (en este caso poder popular) y que se agota en su propio ejercicio, no está establecida no configurada en la Constitución vigente de Cuba, o por lo menos no de manera expresa.

Después de lo antes expuesto, es difícil entender cuál es la figura jurídica empresarial de la Consultoría Jurídica Internacional, como se justifican sus costos y muy especialmente de donde nacen los gravámenes o tarifas que hay que pagar al estado por cada trámite.

Lo más cercano que explica la figura de la CJI, es la de la contratación externa o Outsourcing, como método que utilizan las empresas para reducir los ciertos costos de actividades no fundamentales. Para esto transfieren el control de los servicios a terceros y abaratan sus operaciones, pero el Estado no es un Empresa, por lo que no actua bajo la figura del Outsourcing.

Pero ninguna de estas figuras está permitida ni tiene lógica de imposición en la forma del sistema legal cubano, sin una transformación de su Constitución y texto normativo. Además del hecho de que el estado cubano, (el cual supuestamente pertenece al pueblo), no transfiere el control de los servicios para abaratar los costos a la población sino para multiplicárselos.

La tabla presenta los precios en CUC, moneda que una persona debe adquirir ya sea vendiendo dólares que les envían desde el extrangero (1 USD = 0,82 CUC), o cambiando pesos cubanos (1CUC = 25 CUP), moneda en que se devengan los salarios pero no tiene validez para la mayoría de las obligaciones contraídas en el territorio nacional, incluyendo el pago de ciertos servicios públicos del estado.

Fuente: Historia de los Bufetes Colectivos: Recuperado de http://www.onbc.cu/historia . Organización Nacional de Bufetes Colectivos.
LAS FORMAS DE ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo. Recuperado de http://ocw.uc3m.es/derecho-administrativo/accion-administrativa/resumenes-de-contenidos-1/OCW-AASE-L1.pdf

La noción de servicio público a partir de la concepción del Estado Social de Derecho
Por Tomás Maldonado Gómez
Estudiante de Derecho de la Universidad del Norte, editor de la revista Actualidad Jurídica.
Consultoría Jurídica Internacional